Es difícil imaginar que en este tiempo de parálisis extrema de la economía tengamos que explicar los valores productivos de la actividad turística para un país. Podemos asegurar y demostrar que el turismo no sólo suma oportunidades de trabajo para una región como la nuestra, sino también ingresos en divisas extranjeras para la provincia y la nación y un importante caudal de sostenimiento para el empleo público.

Sólo centrándonos en nuestra ciudad cabecera, más del 45 % de los barilochenses trabajan en turismo. El sector público restante vive de sueldos generados por los aportes empresariales traducidos en impuestos casi castigo para una de las actividades más lucrativas que tiene el país que implícitamente sirven para sustentar la funcionalidad del Estado (controles, administración pública, servicios, proyectos y promociones, salud, educación, justicia y seguridad, etc). A través del turismo ingresan y se distribuyen en Argentina, recursos en moneda nacional y extranjera, se tracciona al sistema productivo, a la PyME, a la producción de alimentos, a la construcción, al sistema energético y comunicacional, a la cultura, al deporte, a los servicios de todo tipo, al transporte y mucho más. No hay persona en Bariloche y la región donde el producto turístico no derrame.
Si consideramos ampliar el foco de atención a cada rincón turístico del país, hoy no pareciera que se necesite mucho más para justificar la necesidad de una Ley de Emergencia Turística.

El día 7 de julio pasado, participamos como oyentes en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados donde se presentaron dos proyectos de Ley, uno de ellos, expuesto por legisladores de la oposición que cuenta con el consenso de cámaras y asociaciones empresariales y laborales de todo el país, y el otro presentado por el diputado oficialista Fernández Patri, quien a minutos de iniciada la reunión de Comisión, informó cambios importantes de último momento respecto de su proyecto, originalmente consensuado con los mismos actores institucionales del sector turístico, pero mutado ahora a un plan del ejecutivo que nada tiene en común con lo reclamado. De lo que era una posible Ley de Emergencia Turística se pasó -sin consulta, ni respeto por el tiempo aplicado a una construcción de conjunto con los referentes de la actividad privada- a un Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo Nacional, que no responde a la emergencia que estamos viviendo y que desconoce la importancia del alcance participativo de los consensos logrados con sindicatos, cámaras empresariales, asociaciones PYME, LGTB+, medioambientales, de aventura y otras de todo el país.

Casi por decreto sentimos que se estaba negociando el concepto de LEY EMERGENCIA por el de un PLAN DE REACTIVACIÓN útil en vista de la recuperación del Estado, pero no para el auxilio que hoy necesitan los privados. Para comprender la imagen sería algo así como construir edificios para el futuro desarrollo de un pueblo fantasma
Previo a ese primer indicio, habíamos escuchado a representantes privados de organizaciones dedicadas al turismo, quienes resultaron explícitos en las razones que fundamentan la demanda de una Ley de Emergencia que brinde soluciones rápidas a las problemáticas de cada uno de los sectores que conforman la compleja red del turismo; una red que viene sufriendo ya duros golpes por todos conocidos. Agencias de viajes casi centenarias que debieron cerrar sus puertas de manera definitiva, líneas áreas que dejaron de volar nuestros cielos, empresas de transportes que se han dado de baja, son parte de esta realidad que señala claramente un estado de emergencia.
Será por eso que con tristeza pero sin resignación, nos convertimos en testigos decepcionados e indignados del resultado de una elección que favoreció en comisión a una mayoría política ciega y desinteresada de la voz de la gente, del trabajador, del productor, del contribuyente, del guía de turismo, del empresario, del microemprendedor y del emprendedor familiar.

Sentados para votar a favor de algo que no es útil, que no sirve, que no responde al momento actual, vimos legisladores que ni siquiera mostraron ánimo de defender posturas por el simple hecho de que la mayoría les pertenecía, mientras el sector que los sostiene con sus impuestos miraba con estupor cómo el gobierno que dice cuidarnos, defendernos y representarnos, nos suelta la mano, desoyendo necesidades y realidades de personas y destinos turísticos.

Con tristeza pero con confianza de que podemos revertirlo, sin ánimo de entrar en las compulsas partidarias estériles que sólo demoran y restan fuerza a las posibilidades de crecimiento del país, ASEET Patagonia, la Asociación de Ejecutivas de Empresas de Turismo de la región sur del país, a través de este relato cronológico, simplemente desea llamar a la reflexión y al sinceramiento de nuestros representantes mayoritarios en el Congreso de la Nación y en el Ejecutivo Nacional para que nos escuchen y nos apoyen.

Necesitamos de su responsabilidad política y de su seriedad en el tratamiento de una ley que responda a esta emergencia.
Necesitamos que nos escuchen y que nos cuiden, no con paternalismos, sino como partícipes de una sociedad de iguales que consideran el estado de derecho como base fundamental del orden social, un orden donde el estado está para atender los reclamos ciudadanos.
Necesitamos el acuerdo urgente, sin demoras, entre oficialismo y oposiciones, porque desde nuestra mirada nos enfrentamos a dos proyectos valiosos, uno para enfrentar la crisis de hoy y el otro para proyectar el mañana.
La Ley de Emergencia Turística ES ya.

Por eso, pedimos junto con las cámaras, asociaciones y sindicatos de todo el país, la vigencia de una ley adecuada a la realidad del sector, con medidas de auxilio que deben alcanzar a todas las empresas del sector y a todas las actividades que la componen.

Los planes de Auxilio al Trabajo y a la Producción (ATP) deben garantizarse por ley en los términos hoy existentes y por un lapso igual al que dure la emergencia, y cuando menos hasta fin de año.

Corrimientos y exenciones impositivas concretas y reales.
Reducción al máximo de los cargos establecidos por las entidades financieras por el uso de tarjetas de crédito y/o débito.

Reimplantación del régimen establecido por el Decreto 814/01, permitiendo a esta actividad primordialmente de servicios que pueda deducir parte de las cargas laborales del IVA.

Suspensión de ejecuciones fiscales con freno a la promoción de nuevas ejecuciones y puesta en suspenso de las ya iniciadas.
Alentar las reprogramaciones de los servicios turísticos que no se presten en las fechas previstas por causas vinculadas al COVID 19.
Créditos a tasa cero para prestadores turísticos, con fines amplios para el sostenimiento y subsistencia de la actividad y amplio plazo de gracia.
Participación en forma activa de la redacción y puesta en práctica de todo plan de regímenes de preventa turística y fomento de la actividad, para que ninguna actividad o región se vea perjudicada frente a otras.

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